En la mañana de ayer viernes, los representantes de los Clubes del Comité de Derechos Audiovisuales de la ACFF acordaron por unanimidad interponer una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes por todo el conjunto de actuaciones sufridas tanto por los Clubes como por la propia ACFF a lo largo de los últimos tiempos y que entienden como continuas presiones y situaciones de abuso por parte de la RFEF.
En este sentido, durante los últimos días se ha vivido un nuevo episodio que ha redundado en la imposición de sanciones a una serie de Clubes por no colocar el “Parche Oficial de la Competición” en la manga de su camiseta, espacio que la RFEF hace apenas unas semanas reconoció como activo privativo de los Clubes y por el que realizó una oferta económica a todos para que aquellos que estuvieran interesados colocaran el parche. Así, aquellos que en el ejercicio de su libertad declinaron la oferta ven ahora sancionada esta negativa.
Este hecho se une a una larga lista de actuaciones por parte de la RFEF, entre las que cabe recordar, entre otras: (i) el conflicto sobre la titularidad de los derechos audiovisuales, (ii) el intento de evitar la venta colectiva de estos derechos a través de amenazas disciplinarias y deportivas, (iii) la denegación injustificada y discriminatoria de las subvenciones por los desplazamientos a las islas a ciertos Clubes, (iv) el intento de limitar, a través de un Reglamento Audiovisual, la capacidad de explotar los activos comerciales de los Clubes mediante el establecimiento de prohibiciones e imposición de normas limitativas y que extralimitan el régimen legal vigente o el “Programa Élite”, a través del cual la RFEF va a generar importantes desigualdades por parte del organizador entre competidores de la misma liga al ofrecer mayores cantidades económicas a unos que a otros.
La Asociación de Clubes nació en 2015 fruto de la iniciativa de una serie de Clubes que decidieron unir sus fuerzas en torno al objetivo de impulsar el fútbol femenino, liderando numerosas iniciativas que, con la ayuda de otros muchos actores, han contribuido al crecimiento y desarrollo de unas competiciones que en nada se parecen a las de hace tan sólo 5 años. La primera venta de derechos audiovisuales de la historia, la consecución del I Convenio Colectivo o la reciente solicitud de calificación de la Primera División Femenina como Liga Profesional – y que va a ser una realidad gracias al compromiso del CSD - son una clara muestra de la dimensión y legado de esta institución, que viene defendiendo de forma continuada la vía del diálogo y consenso como forma de avanzar en el desarrollo del fútbol femenino.
Lamentablemente, la activa defensa de los intereses comunes, la exigencia del reconocimiento del papel de los Clubes en la toma de decisiones sobre unas competiciones cada vez más desarrolladas y, sobre todo, un firme posicionamiento en contra del sometimiento ha derivado en continuos ataques, desconsideraciones, arbitrariedades y abusos hacia la institución, sus dirigentes y los Clubes afiliados.
Esta forma de actuación de la RFEF viene generando un clima de litigiosidad e inestabilidad que ha lastrado el crecimiento del fútbol femenino, justo en su momento de máximo crecimiento, y redundando además en la pérdida de importantes oportunidades económicas por parte de los Clubes y de la propia competición.
Resulta del todo reprochable que, en puertas de lo que va a ser la primera Liga Profesional Femenina de la historia del deporte español, la RFEF, en lugar de centrar sus esfuerzos en asegurar el desarrollo e integridad de las competiciones en curso, que se encuentran en la más absoluta deriva, antepone otro tipo de intereses que están fracturando el fútbol femenino español.